En marzo de 2021, 11 477 cubanos esperaban una respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos. Según datos de Trac Immigration, los cubanos son la tercera nacionalidad con mayor número de solicitantes (16 % del total), después de los hondureños (32 %) y los guatemaltecos (22 %).
Un artículo publicado por el investigador de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, William M. LeoGrande, profesor de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad Americana, en Washington D. C., apuntaba que las condiciones económicas actuales de Cuba, así como las políticas implementadas por Estados Unidos hacia la Isla durante los últimos años, podrían desencadenar una crisis migratoria de las mismas proporciones que las ocurridas en 1980, cuando se produjo un éxodo masivo de 125 000 cubanos desde el puerto del Mariel, o en 1994, la cual condujo a la firma de acuerdos migratorios entre ambas naciones.
LeoGrande afirma que tales olas migratorias tuvieron lugar en momentos en que la economía del país presentaba problemas y los cubanos poseían muy pocas opciones para migrar legalmente. Este binomio creaba una situación donde se acumulaban tensiones a través del tiempo hasta que, finalmente, se desencadenaba un éxodo masivo de personas. Actualmente, ambas condiciones confluyen otra vez en el panorama de la Isla y serían los catalizadores de la nueva crisis.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimaba que el Producto Interno Bruto (PIB) cubano se contraería en, aproximadamente, 8 % en 2020, como consecuencia de las acciones impuestas por Donald Trump, las medidas de confinamiento y restricción de movilidad debido a la COVID-19, y el desplome del comercio exterior de bienes, el cual, para ese entonces, representaba el 17 % del total exportado.
Asimismo, la reducción de 74.6 % en la llegada de visitantes internacionales a la Isla impactó la industria turística del país que, en 2019, contribuía en 10.3 % al PIB nacional. Al finalizar el año, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez declaraba un decrecimiento del 11 % en el PIB del país.
Como resultado, los habitantes de la Isla han experimentado periodos de escasez de productos de primera necesidad, así como fluctuaciones en los precios de alimentos y medicinas.
También, el cierre de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y la suspensión del Programa de Reunificación Familiar durante la presidencia de Donald Trump han reducido considerablemente las opciones para solicitar visados hacia esa nación; los cubanos han tenido que viajar a terceros países, como Guyana o México, con el fin de realizar estos trámites.
Después de la crisis migratoria de 1994, Estados Unidos y Cuba firmaron un acuerdo donde el primero se comprometía a emitir, al menos, 20 000 visas anuales para migrantes de la Isla, sin incluir aquellas destinadas a los familiares cercanos de ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, en 2020, solo 3 000 migrantes cubanos fueron admitidos en Estados Unidos, mientras que, para inicios de 2021, más de 100 000 aplicantes para el Programa de Reunificación Familiar se encontraban en espera de su reanudación.
Precisamente, con el fin de reanudar este Programa, el 20 de abril el congresista Mario Díaz-Balart presentó ante el Congreso de Estados Unidos la Ley de Modernización de la Reunificación Familiar para los Cubanos de 2021, copatrocinada por los congresistas Carlos Giménez, Stephanie Murphy y María Elvira Salazar.
El proyecto propone usar las instalaciones de la Base Naval de Guantánamo para ofrecer servicios consulares limitados a los solicitantes de la reunificación familiar, de forma tal que puedan continuar con el proceso que se vio interrumpido por el cierre de la embajada en 2018. Actualmente, la propuesta se encuentra en evaluación por el Comité de Asuntos Judiciales del Congreso.
Por otra parte, LeoGrande sostiene que esta crisis pudiera evitarse si la administración de Biden cumple las promesas realizadas durante su campaña presidencial en lo referente a las relaciones con la Isla, las cuales incluían la reapertura de la embajada (lo cual normalizaría la situación con respecto a la emisión de visados y al Programa de Reunificación Familiar), la ampliación de los límites de las remesas y la reducción de las restricciones de viajes. Ello contribuiría a aliviar la situación económica de los cubanos.
Desde la elección de Biden, partidarios de una normalización en las relaciones entre ambas naciones –tales como la organización Cuba Study Group o el congresista por Massachusetts, James McGovern– se han dirigido al presidente a través de diversas vías para solicitarle un acercamiento con la Isla, mediante la restauración de las relaciones diplomáticas y un retorno hacia las políticas implementadas durante la presidencia de Obama.
No obstante, si bien a inicios de año Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, informaba que la administración de Biden revisaría las acciones hacia Cuba adoptadas por su predecesor, hasta el momento el presidente no ha propuesto un plan de medidas concretas al respecto. En la sesión informativa a periodistas de la Casa Blanca del 23 de abril, Psaki afirmaba que un cambio en la política hacia Cuba o la adopción de acciones adicionales no se encuentran actualmente entre las prioridades de política exterior de Biden.
