Lo más importante que hay que saber sobre la nueva “Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos” es que será aprobada a base de decretos-ley: un Decreto-Ley para poner en vigor la Política y su Reglamento y otro para la creación de un órgano “que responda por la conducción de la Política”. El Decreto-Ley es la forma poco democrática (y legal) que ha encontrado el Gobierno cubano durante décadas para implementar algunas medidas sin que los más de 600 diputados que conforman la Asamblea Nacional del Poder Popular opinen, cuestionen, critiquen o, al menos, simulen que opinan, cuestionan y critican esas medidas, que pueden abarcar elementos tan trascendentales como la subida de los precios de la electricidad, o ser anticonstitucionales, como el decreto que regula la migración interna hacia la capital del país.
No habrá consulta popular a los cubanos para soñar qué tipo de medios de comunicación masiva quieren para su país. Tampoco habrá oportunidad de votar, en referendo, por el documento resultante. Nuestro único chance para opinar, como ciudadanos y periodistas, serán los espacios de opinión pública que hemos ido creando durante los últimos años; no gracias al incentivo de los organismos del Estado cubano por fomentar sitios de expresión de la pluralidad y diversidad de la sociedad, sino a pesar de sus esfuerzos por frenarlos mediante detenciones arbitrarias, registros, interrogatorios ilegales, vigilancia física y electrónica, bloqueo de sitios web, entre otras formas de represión.
Periodismo de Barrio accedió al documento circulado entre 105 destinatarios que incluyeron a miembros del Buró Político y su secretariado, vicepresidentes del Consejo de Ministros, primeros secretarios de los Comités Provinciales del Partido, ministros, directivos de la Contraloría, la Fiscalía, de organizaciones estudiantiles y de masas, jefes de departamento del Comité Central del Partido y presidentes del Poder Popular de cada provincia, entre otros. En no más de 35 páginas (incluyendo los anexos) se explicó que desde abril de 2013 se había creado un Grupo de Trabajo Temporal integrado por 11 personas para elaborar la política. El grupo, dirigido por el entonces jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, Rolando Alfonso Borges, desarrolló la extenuante cifra de 53 reuniones de trabajo. No es de extrañar, teniendo en cuenta que “la propuesta de Política fue presentada en varias ocasiones a la Comisión del Buró Político para el Control de la Implementación de los Acuerdos del 6to. Congreso” y que hubo que hacer, en cada momento, “los ajustes que se indicaron”.
El 15 de junio de 2015, dos años después de creado el Grupo de los Once, la propuesta llegó “al Consejo de Ministros, a los presidentes de los gobiernos provinciales y a otros dirigentes”. También se les explicó al “Consejo de Dirección del ICRT, al Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y al Consejo Nacional de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales”. En total, se alcanzó la extraordinaria cifra de 369 consultados. De ellos, 241 se tomaron el trabajo de emitir sus criterios por escrito. Hubo otra cifra “importante” que “expresó verbalmente su consideración”. En el documento final se tuvieron en cuenta 920 opiniones y 528 criterios (aunque no se especifica la diferencia entre unos y otros). El 57 % (de las opiniones) ratificó “el contenido del Informe circulado sin observaciones o con valoraciones que refuerzan su pertinencia”. De las apenas 392 opiniones restantes se aceptaron 117, o sea, el 29,8 %. “Las otras 275 fueron conciliadas sin que se mantuvieran discrepancias”. La versión, dicen que “enriquecida”, siguió pasando de reunión en reunión y llegó a la versión final (esta que compartimos) hace ya casi un año, el 21 de noviembre de 2017.
De manera formal, la Política está compuesta por cuatro capítulos: Introducción y antecedentes, Diagnóstico (con 27 problemas y, a veces, obviedades que caracterizan el entorno mediático cubano), Política (donde se definen los objetivos, principios y acciones) e Implementación Jurídica (aquí, al final de la página 20, está la propuesta de los dos decretazos).
¿Qué se autodiagnosticó nuestro país en materia de comunicación a las alturas de 2017? Más o menos lo mismo que en cada Congreso de la UPEC de los que se guarda constancia escrita. Que si hay “predominio de un enfoque divulgativo y unidireccional de la comunicación”, que “no se articula adecuadamente el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en el orden político, económico, científico y cultural, con la gestión de la información, el conocimiento, la innovación y el desarrollo”, que circulan “contenidos que difunden patrones de conducta ajenos a nuestros valores”, que “persiste el secretismo, trabas institucionales para brindar información, exceso de regulación externa”. Todo esto último sin culpable directo. Como si el secretismo, las trabas institucionales y la regulación externa no provinieran, en gran medida, del mismo Partido cuyos directivos forman parte del Grupo de Trabajo. En resumen: se diagnosticó un catarro pasajero, nada de tuberculosis.
Dista mucho el capítulo Política de cualquier aspiración a una comunicación emancipadora, que contribuya a formar ciudadanos que tomen decisiones informadas. La ciudadanía, de hecho, está bastante ausente de la Política. Tan ausente que ni siquiera será consultada de manera directa o indirecta (a través de sus diputados). A los medios estatales, por otra parte, se les pide hoy algo cercano a la esquizofrenia. Que se comporten como medios independientes del Partido cuando la Política establece que el Partido “es rector de la comunicación social en el país, traza la política general para su desarrollo y ejerce su control”. Que ejecuten, “de modo personal e intransferible”, su política informativa, editorial y cultural cuando se reconoce, dos párrafos después, que la comunicación “es un recurso estratégico de dirección del Estado y del Gobierno”.
No negamos que la comunicación es un recurso estratégico del Estado y el Gobierno. Pero eso no significa que las instituciones estatales y gubernamentales tengan que monopolizar la comunicación de un país. El periodismo debe, ante todo, ser un recurso estratégico de los ciudadanos cubanos para poder fiscalizar constantemente las instituciones estatales y gubernamentales y a sus representantes.
El periodista y profesor Julio García Luis, en su libro Revolución, socialismo, periodismo: la prensa y los periodistas cubanos ante el siglo XXI, propuso la implementación de un modelo periodístico que se basara en la autorregulación, en la autonomía de los medios y sus profesionales para tomar decisiones en torno a sus rutinas productivas, políticas editoriales, agendas. Sin embargo, la Política de Comunicación aboga por fortalecer las deformaciones de un modelo de prensa que durante décadas ha probado no estar a la altura de las exigencias y necesidades de la sociedad.
Durante una intervención en el VI Encuentro Nacional de la Crónica Miguel Ángel de la Torre, realizado en noviembre de 2011, García Luis, quien también fuera decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, resaltó que la práctica de dictar a la prensa “desde afuera” cómo hacer su trabajo conducía “a la inhibición y a la paralización de las competencias profesionales”. Y, antes de concluir, alertó:
Nadie hará lo que nos toca hacer a nosotros. Tendremos lo que nos ganemos, lograremos lo que nos merezcamos, dispondremos del espacio que sepamos ocupar. En el mundo del poder no se regala nada y nada viene por añadidura. Ideas, prácticas y hechos son los únicos que pueden movernos hacia delante.
Entre las novedades de la Política se encuentran los diferentes modos de gestión a los que podrán acogerse los medios estatales: presupuestado, presupuestado con tratamiento especial o empresarial. Como un acto de buena voluntad, el Partido se compromete incluso a estudiar si es conveniente que “el periódico del Comité Provincial del Partido sea del gobierno local”. También hay esperanzas para la publicidad y las productoras de audiovisuales independientes. Y hasta se incluyen los ingresos por “donaciones y la cooperación nacional e internacional”, algo en lo que ya llevan cierta ventaja los medios no estatales que han sido criticados públicamente por recibir este tipo de financiamiento.
Quien lea ese documento dentro de 50 años no sabrá que había en esta Isla un ecosistema creciente de medios no estatales. Para nosotros, de las 35 páginas, la Política reservó solo un parrafito: “existen medios digitales privados alojados fuera del país, que desarrollan una agenda de contenidos sobre nuestra realidad con intencionalidad hipercrítica y desmovilizadora”. Nada más alejado de la realidad. Desde nuestro Código de Ética, documento publicado en el ya lejano 2015, Periodismo de Barrio ha explicitado su interés en incidir en la realidad social cubana. No somos un vehículo para la desmovilización, todo lo contrario. Pretendemos, en todos nuestros textos, mover cada fibra de la ciudadanía cubana para que cuestione, critique y transforme aquello que le parezca injusto. Publicamos sobre soluciones agroecológicas para que quienes ingieren alimentos (o sea, todos) tomen decisiones informadas, escribimos sobre contaminación ambiental con la esperanza de que las audiencias le digan a la empresa Havana Club “Basta ya” cuando condena a muerte toda una bahía por un puñado de dólares.
El parrafito continúa. “En su gestión es común la participación de profesionales de la comunicación social dentro de Cuba, muchos de ellos jóvenes, que reciben pagos y otros incentivos atractivos suministrados desde el exterior”. La existencia de medios no estatales queda así reducida a su mínima expresión: el dinero. Un análisis epidérmico para un problema demasiado complejo. Si el diagnóstico hubiera ido realmente a las causas, si estuviéramos ante un párrafo-diagnóstico y no un párrafo-condena, el Grupo de los Once tendría más de once personas, las opiniones habrían rebasado, con facilidad, el número 1 000 y habrían sido más de 53 reuniones, no porque la Comisión del Buró Político estuviera indicando ajustes sino porque estaríamos ante un ejercicio doloroso de construcción de consenso. O sea, se hablaría hoy de una política pública y no de un par de decretazos.
Teniendo en cuenta que esta luce como nuestra única oportunidad de participación en la Política queremos reconocer que somos culpables. Culpables de desarrollar una agenda de contenidos sobre nuestra realidad con “intencionalidad crítica y movilizadora”. Queremos que nuestros lectores tomen la indignación diaria y la transformen en cambio social, en mejoría para sus vidas, para sus familias, para sus comunidades, su municipio, su país. Que es más o menos a lo que debería aspirar cualquier política de comunicación social.
