Las autoridades medioambientales dieron un revés a la lucha contra un hotel que afectará dos áreas naturales protegidas, otorgándole el triunfo, que se espera sea reversible, a un grupo de empresarios españoles que pondrán en riesgo los manglares de Nichupté, en la zona hotelera de Cancún.
Fueron tres años de duros litigios en materia ambiental que terminaron esta fase con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el cambio de uso de suelo, para que finalmente puede construirse el hotel Riu Rivera Cancún, obra que a partir de esta semana ya cuenta con todos los permisos para la devastación del ecosistema. A las instituciones no les importó la afectación del manglar, el daño a los acuíferos y el derecho a un medio ambiente sano.
Las declaraciones del presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, parecieron salidas de la boca de los inversionistas: “No hay impedimentos por falta de permisos y en este momento todo indica que cuenta con todos los aspectos jurídicos y legales existentes…Lo que puedo garantizar son todos los elementos jurídicos y legales para emitir una licencia de construcción”.
El hotel RIU Riviera Cancún es propiedad de la cadena española del mismo nombre y ya había sido rechazado por la Semarnat en marzo de 2015. El primer proyecto presentado contaba con 564 habitaciones, que ahora serán 530, lo cual, obviamente no afecta el negocio, pues de eso se trata.
El proyecto se levantará sobre más de dos hectáreas de zona de humedales, a la altura del kilómetro 23 del bulevar Kukulcán, colindante con dos áreas naturales protegidas en Punta Nizuc, al sur de la zona hotelera de Cancún cuyo destino quedó sellado el 25 de agosto de 2014, con la modificación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), que les abrió la puerta a este tipo de proyectos.
En su momento, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) interpuso un amparo contra PDU por violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General de Cambio Climático. Y en noviembre de 2015 el Poder Judicial de Quintana Roo declaró la suspensión de la licencia de construcción por inconsistencias en los procedimientos. Y en marzo de 2016, el juez séptimo de distrito, Darío Alejandro Villa Arnaiz, otorgó la suspensión definitiva y frenó la obra. Lo que a estas alturas ya es historia, pues la inversión de 95.6 millones de dólares es lo que pesa.
La población y las organizaciones medioambientales tienen la palabra.
Tomado de La Jornada con autorización de su autora. Este artículo forma parte de un convenio de Periodismo de Barrio con periodistas de América Latina para replicar contenidos sobre temas medioambientales que son relevantes para la región.
