El pasado martes 7 de marzo, el secretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, conversó acerca de la política hacia Cuba de la presidencia de Joe Biden en un panel de discusión del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida.
Nichols recalcó que la población de la Isla enfrenta una de las crisis políticas, económicas, sociales y de derechos humanos más graves desde 1959, marcada por una elevada inflación y la escasez crónica de alimentos, medicinas y electricidad, mientras el Gobierno culpa a otros de sus males económicos “sin reconocer las décadas de mala gestión que condujeron a la crisis actual”.
Después de las protestas del 11 de julio de 2021, el Gobierno condenó a cientos de manifestantes a prisión con penas de hasta 25 años, sin reconocer, ni abordar las preocupaciones de los ciudadanos. Debido a ello, muchos cubanos creen que no les queda ningún futuro en el país, expresó el secretario adjunto.
En este contexto, la política de la administración de Joe Biden hacia la Isla se centra en dos áreas principales: 1) promover la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos y, 2) explorar formas significativas de apoyar al pueblo cubano, al tiempo que se limitan los beneficios al régimen.
Con respecto al primer punto se anunciaron sanciones selectivas contra funcionarios y fuerzas de seguridad implicados en abusos durante las protestas del 11 de julio, además de restricciones de visado a funcionarios. En cuanto al segundo, el 16 de mayo de 2022 se publicaron un conjunto de medidas que favorecían al pueblo de Cuba.
Una de las principales acciones fue impulsar la reunificación familiar a través de la migración legal, precisó Nichols. Actualmente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana se encuentra abierta para los trámites de visados de inmigrante y los del Programa de Reunificación Familiar de Cuba.
En este sentido, el 5 de enero de 2023 se decidió implementar un nuevo programa de Parole Humanitario, mediante el cual hasta 30.000 personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití podrían entrar al país mensualmente.
Nichols especificó que hasta la fecha alrededor de 10.000 cubanos han usado esta nueva política para llegar a Estados Unidos. Al mismo tiempo, declaró que, si bien su país se opone firmemente al exilio forzoso, explorarán las vías disponibles bajo la ley para acoger a los presos políticos que quieran entrar al territorio.
Por su parte, las acciones adoptadas por la administración Biden en el ámbito económico se han centrado en la operación de vuelos entre Estados Unidos y ciudades fuera de La Habana, la eliminación del límite de remesas, la ampliación de las categorías de viajes autorizados, las cuales incluyeron viajes para reuniones o conferencias profesionales, con el fin de ayudar a conectar al sector privado estadounidense con los empresarios de la Isla.
Además, se trabaja actualmente en ampliar el acceso a los servicios y herramientas tecnológicas que permitirán a estos empresarios cubanos posicionar sus negocios en la economía digital global, con el objetivo de crear puestos de trabajo y oportunidades para el pueblo.
Paralelamente, se ha explorado la posibilidad de incrementar el acceso a servicios alojados en la nube y otras herramientas que ayuden a activistas y la sociedad civil a conectarse entre sí, facilitar el flujo de información dentro y fuera de la Isla y el acceso a servicios que eludan la censura.
El Gobierno estadounidense continúa pidiendo la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos, así como la implementación de una reforma agrícola y de medidas de política económica que le otorguen mayor libertad al sector privado.
Periódicamente, se han realizado conversaciones entre ambos gobiernos que han abordado temas migratorios y de cooperación científica, técnica y policial.
Nichols señaló que su país “considerará todas las opciones disponibles para seguir apoyando al pueblo cubano en su demanda de mayor libertad, acceso a los recursos y respeto de los derechos humanos”.
